Falta menos de un mes. El próximo 25 de septiembre tendrá lugar en Madrid una movilización social a las puertas del Congreso de los Diputados bautizada como "Ocupa el Congreso". No es una manifestación al uso. Se trata de la primera iniciativa de este tipo. Pretende ser una evolución en las formas de protestas para instar a un verdadero cambio en el modelo actual. Al igual que ocurrió con el fenómeno del 15M en sus orígenes, ante lo desconocido han germinado múltiples dudas. En este reportaje se realiza un análisis sobre el origen del fenómeno del 25S, sus reacciones y la situación actual.
El 25 de septiembre el Congreso de los Diputados vivirá una estampa única. Mientras tiene lugar el nuevo período de sesiones parlamentarias, miles de personas se concentrarán en las puertas reclamando un nuevo modelo de organización política, social y económica. “Será un día con una gran afluencia de ciudadanos de todo el país que, de manera pacífica, solicitarán un proceso de regeneración democrática”, apuntan desde la organización. Pero no será una tarea fácil. Queda poco tiempo, hay mucho que decidir aún y más aún que aclarar, después de la ingente cantidad de rumores, críticas y dudas que el movimiento ha generado.
¿Es un movimiento social o una coalición de extremistas? ¿Quiénes están detrás de la convocatoria? ¿Se quiere asaltar el congreso o protestar de forma pacífica? ¿Por qué se ha generado tanto revuelo en torno a la iniciativa? Los organizadores están poniendo freno a este aluvión de interrogantes a través de una apertura en la organización, que ha iniciado un proceso inclusivo de colectivos, asambleas y personas de todo el país, con el objetivo de obtener un mayor respaldo social.
¿Qué es?
"Ocupa el Congreso" es una iniciativa hecha pública en el mes de julio que pretende congregar a la ciudadanía de toda España el día 25 de septiembre para protestar por el actual modelo político. El Congreso de los Diputados será el punto cero de la convocatoria aunque, a la vez, se tiene previsto rodear delegaciones gubernamentales, parlamentos autonómicos o ayuntamientos de muchas ciudades del país. Según la última versión publicada del manifiesto de intenciones -redactado por la Plataforma En Pie-, la convocatoria prevé conseguir con esta movilización la dimisión del gobierno actual, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado así como la apertura de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de organización política, social y económica.
La movilización comparte muchos de los fines del movimiento indignado pero va más allá en las formas, pretende dar un paso más ante la actual situación política, económica y social. En sus protestas confluyen la Casa Real, los representantes políticos, el sector bancario y hasta la propia constitución. Un amplio abanico de reclamaciones mediante las que se pretende remodelar el actual sistema, que califican de “pseudodemocrático”. La situación derivada de las últimas medidas del Gobierno, ha motivado el nacimiento de un movimiento social con mayores reivindicaciones que las del 15M. “Vista la última ofensiva de recortes económicos y políticas sociales y la transversalización del descontento social, que ha aumentado, es el momento de dar una vuelta de tuerca a las protestas de los movimientos ciudadanos”, explica un miembro de la coordinadora convocante.
La meta de esta iniciativa es evidente: generar un sistema más “justo y democrático”. Pero en el trayecto hasta conseguirlo aguardan importantes obstáculos. Se pretende provocar el cese del gobierno actual y la derogación de la Constitución Española por considerar que impide una participación activa de la ciudadanía en el proceso político. Esto supondría la apertura de un proceso constituyente durante el cual se redactaría, con el apoyo de asambleas populares de todo el país, una nueva constitución. “Tenemos el ejemplo local de Wisconsin (EEUU) oIslandia, uno de los países rescatados en mejores condiciones, donde la ciudadanía se concentró delante de su parlamento y desencadenó un proceso que cristalizó en la dimisión del gobierno y en la redacción de una nueva constitución más consensuada”, afirman desde la organización impulsora.
Nada más hacerse pública la convocatoria y sus propósitos, se generaron infinidad de preguntas, dudas, rumores y falsas certezas que rápidamente se propagaron por las redacciones ávidas de noticias y por las redes sociales que actuaron de caja de resonancia aumentando la influencia de la iniciativa.
¿Quiénes son los convocantes?
Una de los mayores enigmas se encontraba en torno a la identidad de los convocantes. La movilización estaba impulsada por la Plataforma en Pie, un colectivo compuesto por personas “de carácter social, antineoliberal, anticapitalista, antipatriarcal y democrático”. Sin embargo, poco se conocía de este colectivo más allá de una propia descripción publicada en su blog, única fuente de información hasta ahora. Esta opacidad de la organización convocante, unida a una descripción genérica en algunas de las acciones y los objetivos a conseguir, despertó todo tipo de conspiraciones.
Una situación que cambió a raíz del encuentro celebrado el 25 y 26 de agosto en Madrid en el que se decidió acabar con la falta de transparencia e información. La Plataforma En Pie, que hasta entonces se había erigido como organizadora, pasó a ser un colectivo más dentro una coordinadora que ha abierto el proceso de participación a todas las personas y asambleas con intención de formar parte de la iniciativa e iniciar acciones de forma conjunta. La transformación se ha completado con la puesta en marcha de tres grupos de trabajo - acción, contenidos y comunicación- que están desarrollando cada una de las facetas necesarias de la convocatoria.
Algunos de los nuevos miembros integrados explican que la apertura de la iniciativa se llevó a cabo “sin traumas”, a instancia de la Plataforma En Pie, convocante inicial. Reconocen además que la creación de la coordinadora ha acabado con la desconfianza inicial de muchas asambleas que, a partir de ahora, “han manifestado su intención de participar en la convocatoria”.
La “ocupación” del Congreso
La medida de más impacto de esta iniciativa se recoge en el propio planteamiento de la movilización. La convocatoria del 25S refleja en su manifiesto la intención de ocupar el Congreso de los Diputados “hasta conseguir la dimisión del Gobierno y la apertura de un proceso constituyente”. Las alarmas se dispararon y alcanzaron el propio parlamento donde el presidente de la cámara baja, Jesús Posadas, recordó la “inviolabilidad del Congreso” e instó al ministro de Interior, su compañero de filas Jorge Fernández Díaz, a reforzar la seguridad en el exterior del hemiciclo para proteger los diputados de las “algaradas callejeras” previstas para ese día.
Los repercusión que tuvo la iniciativa en las redes y los distintos medios de comunicación, provocó que los convocantes emitieran un comunicado en el que matizaban su lema. Los impulsores aseguran que no se trata de asaltar físicamente el Congreso sino de “manifestarse pacíficamente rodeándolo”. Así lo expresa también elcomunicado publicado por la Plataforma En Pie, donde se recoge que la iniciativa contempla una “ocupación simbólica” del Congreso asegurando que en ningún momento se entraría “por la fuerza”.
“Ha existido un fallo en la elección de los términos”, apunta un miembro activo del 15M de una asamblea local. “Uno de los motivos de confusión en muchas asambleas ha sido el verbo utilizado (ocupar) que hace referencia al ‘ocuppy’ de Wall Street pero que en castellano se asemeja más a un asalto violento que al significado de los movimientos anglosajones”, asegura. De hecho, el impacto de una ocupación física de la cámara baja ha recorrido las redes sociales propagando una idea errónea, a juicio de los impulsores, que ha contribuido a deslegitimar una convocatoria que contaba desde su nacimiento con algunos “pecados originales”.
Este asunto ha sido uno de los más delicados desde el punto de vista mediático. Situar a la cámara legislativa como el centro de las críticas populares traspasa la protesta ciudadana, avanza un paso más en la rebeldía civil y se adentra en lo delictivo. De hecho, los impulsores de la iniciativa se escudan en el Código Civil y en el posible delito de sedición para explicar su anonimato inicial.
Según el artículo 494 del Código Penal, “incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”. Las penas aumentan de tres a cinco años (art. 495) para “los que sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos”, aunque, como han reiterado los convocantes, esta vía estaría descartada.
¿Es una convocatoria de extremistas violentos?
Las precauciones acerca de las intenciones reales de la movilización se acentuaron cuando foros próximos a la ultraderecha, como el partido Regeneración y la Plataforma de las Clases Medias, liderada por el periodista Enrique de Diego, se hicieron eco de la convocatoria. Estas simpatías despertadas entre colectivos extremistas otorgó a la convocatoria un marchamo antisistema reforzado por las palabras de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien aseguró en una entrevista conocer la existencia en el 25S de “grupos de ultraderecha y extrema izquierda” que pretenden una “desestabilización del sistema democrático”.
Desde la coordinadora lamentan la actitud de Cifuentes y niegan “categóricamente” la presencia de grupos extremistas en la movilización del 25S. “Rechazamos cualquier tipo de totalitarismo, con especial mención a colectivos ultraderechistas y fascistas”, afirman. Al mismo tiempo denuncian ser víctimas de una “contaminación interesada” al haber comprobado la existencia de perfiles falsos en redes sociales “creados expresamente para vincular la convocatoria con este tipo de colectivos”.
A las sospechas de la presencia de colectivos de ultraderecha en la convocatoria del 25S se sumó una interpretación generalizada sobre la actitud violenta de la movilización. El documento base inicial, donde se explicaba las intenciones de los convocantes, afirmaba que se trataba “de una propuesta pacífica, pero no pacifista”, puesto que se aceptaba la “legítima defensa y el respeto a diferentes formas de lucha”. El recelo que esta actitud despertó entre los colectivos sociales y el movimiento indignado motivó una revisión del manifiesto en la que se matizaba la versión original eliminando las alusiones a las distintas formas de lucha y resaltando el carácter pacífico de la convocatoria.
Desde la organización reiteran que la convocatoria contempla una desobediencia civil “totalmente pacífica” asegurando que la no violencia es una “línea roja” inquebrantable. Explican que el carácter completamente pacífico ha sido la condición sine qua non para la integración en la convocatoria de nuevas asambleas locales del 15M. “Tenemos constancia de que en el 25S estarán rodeando el Congreso familias enteras, gente joven y mayor, por eso hacemos un llamamiento a la responsabilidad de la autoridades para evitar cargas policiales”, afirman.
Sin embargo, los desmentidos publicados a lo largo de estas últimas semanas no han servido para disipar unas dudas extendidas por toda la red que provocaron que grandes asambleas mediáticas como la de Sol, la asociación Democracia Real Ya o la plataforma estatal del mismo nombre, declinaran apoyar el movimiento. En el caso de Sol, sus miembros decidieron no secundar la convocatoria por considerar que su procedimiento era “contrario” a sus consensos. Pese a ello, los integrantes expresan que la asamblea de Sol es una más de las miles repartidas por todo el territorio nacional y aseguran no estar “por encima de ninguna otra”.
Por su parte, la asociación DRY, una vertiente escindida del movimiento del mismo nombre, decidió no participar como entidad en la convocatoria por considerar “que la preparación de la acción, a día de hoy, es escasa, y que sus impulsores no han definido el objetivo de la acción”. Del mismo modo, la Plataforma Estatal Democracia Real Ya, también retiró su apoyo a la convocatoria “al no alcanzar la propuesta el 75% necesario”. El anuncio aclaraba que cada nodo local tenía libertad de sumarse a la convocatoria.
Regeneración inclusiva
Cuando parecía que todas estas afirmaciones que circulaban por internet acabarían por minimizar la movilización del 25S, los convocantes viraron el rumbo arrojando luz a un proceso en el que sólo parecía haber sombras. Desde la creación este mismo mes de la coordinadora, la situación ha cambiado. Se está trabajando de forma abierta y colaborativa, para poner en orden todos los aspectos de la iniciativa "ocupa el Congreso". Todo ello se está gestionando desde un blog en el que se han comenzado a publicar las actas de las últimas reuniones y se debaten las acciones a desarrollar, de forma que cualquier persona -incluso desde casa, a través del programa informático Mumble, utilizado en las reuniones virtuales del 15M- puede participar en la organización.
Esta apertura ha permitido que el movimiento indignado se vaya sumando a la iniciativa a través de asambleas y nodos locales del movimiento 15M y Democracia Real Ya. Incluso grupos de trabajo vinculados a la asamblea de Sol que, en principio no apoyó la convocatoria, “están participando en algunos aspectos de la organización”. Es en los próximos días, tras iniciar una campaña de comunicación y difusión, cuando la coordinadora confía en recibir la adhesión definitiva de decenas de asambleas populares de todos los puntos del país.
Aunque, más allá de las asambleas que finalmente se unan al 25S, los impulsores están satisfechos porque se ha cumplido una de las principales demandas: democratizar la organización para hacer más visible y abierta una iniciativa que, con esta remodelación, espera contar con un fuerte respaldo popular que consiga alcanzar sus objetivos. “No se trata de una acción reivindicativa puntual, nuestra intención es servir de catalizador para impulsar un verdadero proceso de cambio”, afirma uno de sus miembros.
Las repercusiones de esta regeneración no han tardado en aparecer y la iniciativa Ocupa el Congreso está sumando apoyos de colectivos como ‘Rodea el Congreso’ o ‘Apoyo ciudadano al 25S’. Este último está trazando las primeras líneas sobre otro de los asuntos más espinosos de la convocatoria: la solicitud de un proceso constituyente en el que se promueva la redacción de una nueva constitución. Un aspecto que despierta mucha cautela, de ahí que ‘Apoyo Ciudadano al 25S’ esté elaborando una serie de propuestas sobre cómo abordar un proceso tan complejo en el que pretenden implicar a expertos en derecho, abogados, divulgadores, economistas y un amplio espectro de personalidades públicas. Si bien, desde la coordinadora se aclara que todas las iniciativas aportadas son bien recibidas, afirman que aún no se han tomado decisiones sobre cómo se abordará ningún proceso porque “todo deberá ser sometido al consenso”.
Después de esta regeneración inclusiva, los grupos de trabajo están llevando todo el peso de la organización de la convocatoria. En términos logísticos, este evento está consumiendo grandes cantidades de tiempo para hacer frente a cada una de las demandas que se van solicitando, como la organización del transporte hasta Madrid, que ya está siendo canalizada a través de Iniciativa Debate.
En cuanto a las acciones, quedan muchos aspectos por concretar aunque desde la coordinadora se reconoce la intención de programar una movilización abierta basada en la “inteligencia colectiva de todos los asistentes”. Aún no se conoce cuánto tiempo estarán los asistentes en las puertas de la cámara baja, ni qué acciones se desarrollarán para forzar un pronunciamiento del Ejecutivo. Todas estas medidas se diseñarán en los próximos días a través de las asambleas que respaldan la convocatoria. En el aire quedan también otras cuestiones más complejas como la forma de afrontar un hipotético proceso constituyente o la redacción de una nueva constitución.
Sin embargo, el mayor reto para los convocantes es hacer llegar estas ideas a la gran parte de la sociedad. “Saldremos de los ordenadores, llegaremos a la calle y recorreremos las plazas”, afirman. El 25 de septiembre, Madrid será el centro de la iniciativa pero habrá protestas en otras ciudades como Barcelona, Valladolid, Tenerife, o Granada. “No se trata de una acción de unos pocos”, afirman los convocantes. “Es una nueva forma de protesta ciudadana que se está construyendo colectivamente y en la que todos pueden formar parte”.
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