25 ago. 2012

Pérez-Reverte revoluciona las redes sociales en su “A ver si lo he entendido, presidente” y los bárbaros de Cavafis



“PARA ESTO, QUE NOS INVADAN LOS BÁRBAROS DE UNA PUTA VEZ. QUE TODO SE VAYA AL CARAJO Y EL SENTIDO COMÚN RECONOZCA A LOS SUYOS. SI QUEDAN”, CIERRA EL ESCRITOR. 
 | 19 de agosto de 2012


El escritor Arturo Pérez-Reverte
El escritor Arturo Pérez-Reverte 

A ver si lo he entendido, señor presidente... Hasta por morirme debo pagar un 21 %... A ver si lo entiendo. Insisto.

Alemania tiene 80 millones de fulanos y 150.000 políticos. España, 47 millones y 445.000 políticos. Sin contar asesores, cómplices y colegas. O en Alemania faltan políticos, o aquí sobran. Si en Alemania faltan, apenas tengo nada que decir. Si en España sobran, tengo algunas preguntas. Señor presidente.

¿Para qué sirven 390 senadores (con la brillantez media y la eficacia política media de un Iñaki Anasagasti, por ejemplo)? Subpregunta: si un concejal de Villacantos del Botijo, por ejemplo, necesita contratar a 15 asesores... ¿Para qué puñetas sirve ese concejal, aparte de para dar de comer a numerosos compadres y parientes?

¿Para qué sirven 1.206 parlamentarios autonómicos y 1.031 diputados provinciales? ¿Sabe usted lo que cobra toda esa gente? ¿Y lo que come? Ese tinglado regional, repartido en diecisiete chiringuitos distintos, duplicados, nos cuesta al año 90.000 millones de euros. Con ahorrar sólo la mitad... Eche usted cuentas, señor presidente. Que yo soy de Letras.

En vista de eso, ¿cómo es posible que el Gobierno de este putiferio de sangüijuelas y sangüijuelos se la endiñe a las familias y no a ellos? Que en vez de sangrar a esa chusma, se le endiñe a la Dependencia, a la Sanidad, a la Educación, a la Cultura, al pequeño comercio? ¿A la gente que de verdad lucha y trabaja, en vez de a esa casta golfa, desvergonzada y manifiestamente incompetente?

A ese negocio autonómico absurdo e insostenible, del que tanta gentuza lleva viviendo holgadamente desde hace más de treinta años. 17 parlamentos, 17 defensores del pueblo, embajadas propias, empresas, instituciones. Negocios casi privados (o sin casi) con dinero público. El único consuelo es que a esa pandilla depredadora la hemos ido votando nosotros. No somos inocentes. Son proyección y criaturas nuestras.

Treinta años engordándolos con nuestra imbecilidad y abulia política. Cuando no con complicidad ciudadana directa: Valencia, Andalucía... Con unos tribunales de Justicia cuando no politizados o venales, a menudo lentos y abúlicos. El golfo, impune. Y el ciudadano, indefenso. Esos políticos de todo signo (hasta sindicalistas, rediós) puestos en cajas de ahorros para favorecer a partidos y amiguetes. Impunes, todos.

Me creeré a un presidente de Gobierno, sea del color que sea, cuando confiese públicamente que este Estado-disparate es insostenible. Cuando alguien diga, señor presidente, mirándonos a los ojos, "voy a luchar por un gran pacto de Estado con la oposición"; "me voy a cargar esta barbaridad, racionalizándola, reduciéndola, controlándola, adecuándola a lo real y necesario"; "voy a desmontarles el negocio a todos los que pueda. Y a los que no pueda, a limitárselo al máximo. A lo imprescindible"; "aquí hay dos autonomías históricas que tendrán algo más de cuartelillo, dentro de un orden. Y el resto, a mamarla a Parla".

"Y el que quiera entrar en política para servir al pueblo, que se lo pague de su bolsillo".

Pero dudo que haga eso, señor presidente. Es tan prisionero de su propia chusma político-autonómica como el PSOE lo es de la suya. Ese toque de jacobinismo es ya imposible. Tiene gracia. No paran de hablar de soberanía respecto a Europa quienes son incapaces de ejercerla en su propio país. Sobre sus políticos. Dicho en corto, señor presidente: no hay cojones. Seguirán pagándolo los mismos, cada vez más, y seguirán disfrutándolo los de siempre. El negocio autonómico beneficia a demasiada gente.

Usted, señor presidente, como la oposición si gobernara, como cualquiera que lo haga en España, seguirá yendo a lo fácil. A cargar a una población triturada, con cinco millones de parados, lo que no se atreven a cargar sobre sus desvergonzados socios y compadres. Seguirá haciéndonos aun más pobres, menos sanos, menos educados. Hasta el ocio para olvidarlo y la cultura para soportarlo serán imposibles.

Así que cuando lo pienso, a veces se me va la olla y me veo deseando una intervención exterior. Que le vayan a frau Merkel con derechos históricos, defensores del pueblo, inmersiones lingüísticas, embajadas y golferías autonómicas. De tanto reírse, le dará un ataque de hipo. De hippen, o como se diga allí.

Lo escribía el poeta Cavafis en Esperando a los bárbaros. Quizá los bárbaros traigan una solución, después de todo. Para esto, que nos invadan los bárbaros de una puta vez. Que todo se vaya al carajo y el Sentido Común reconozca a los suyos. Si quedan.
Recristo

. Qué a gusto me he quedado esta tarde, señor presidente. Lola acaba de abrir el bar. Esta noche me emborracho. Como Gardel en el tango.. Fiera venganza la del tiempo. Parece un título de Lope de Vega. Un tango adecuado para este pasaje".

24 ago. 2012

Banco malo, gobierno malo, insurrección buena.


Yo no me trago la deuda. No trago con una deuda que no nos corresponde y que nos va a cambiar la vida, no es ninguna exageración: los españoles tardaremos años en levantar cabeza al tener que pagar, prioritariamente de nuestros impuestos, una astronómica deuda que se sabe nominativamente a quien corresponde. La troica, la UE el FMI y BCE que representan, exclusivamente, los intereses del capital nos endosa una fétida deuda de la que hablan mañana tarde y noche por boca de nuestro gobierno. Para empezar por el principio tendríamos que remitirnos a “la seguridad jurídica” que tanto apelan los bancos y multinacionales. La seguridad jurídica es el altar del capitalismo, sin esta seguridad no hay negocio que valga, no hay contrato que se pueda suscribir, ni pacto al que llegar. Simplifiquemos la seguridad jurídica en un solo aspecto: la deuda, para que se pueda considerar deuda requiere de tres requisitos, que sea exigible, que sea liquida y esté vencida. Por lo tanto, ninguno de los tres requisitos nos corresponde empezando por el primero de los citados que excluye a los demás, nada nos vincula para que la deuda sea exigible al pueblo español. Le corresponde a los bancos que se emborracharon de otorgar préstamos con garantía hipotecaria para de inmediato empaquetar la titulación en cédulas hipotecarias y colocarlas en los mercados financieros una vez que habían agotado los depósitos de los clientes que era con el capital que tenían que trabajar. Fue la ambición, mezquina, de los banqueros para superar a sus competidores y adjudicarse estratosféricos bonus ya que aparentemente la entidad crecía por la vitamina hipocalórica del endeudamiento lo que les llevó al desastre más absoluto.

Yo no me trago la deuda. La deuda, y aquí sí que se cumplen todos los requisitos, la tienen cada uno de los bancos que emitieron las cédulas hipotecarias y las colocaron en el mercado financiero, estas cédulas tienen en letras bien puestas el nombre de la entidad que recibió, en su momento, el dinero correspondiente, por lo tanto le es exigible. El requisito liquido (se refiere a que la cantidad reclamada debe ser exacta) figura en la cédula con sus intereses correspondientes, y por último, el requisito vencimiento también figura, si está vencido será exigible, de lo contrario no será deuda hasta el día del vencimiento. No hemos tardado tanto en poner las cosas en su sitio cuando te acompaña una razón apabullante, lo que cuesta entender es como estos cabrones que van en limusina nos endosan su deuda y esperan que nos la traguemos sin más. Tenemos casi seis millones de parados que se dice pronto, una recesión que está hundiendo el país ¿Encima tenemos que tragar una deuda monstruosa que corresponde a unas entidades financieras que no han tenido la decencia de mantener a la gente en “su” propiedad mientras amaina la tormenta? Ni locos, si aceptamos la deuda nos merecemos el calificativo de borregos, los de la limusina tienen un repertorio variado de soluciones amparados en la seguridad jurídica que va desde la más razonable: que los tenedores de cédulas exijan su cobro, si está vencido, al deudor que responde con el grueso de todas las hipotecas concedidas e incluso con todos los bienes del banco emisor. No les interesa, quieren dinerito fresco, cantante y sonante, en lugar de pisos, con bloques enteros, casas, con urbanizaciones donde nadie va ir a vivir y naves industriales en polígonos que no hay industria por muchos años. ¿A nosotros, los españoles, que coño nos importa si han hecho una mala inversión? Lo que viene a continuación no me importará repetirlo mil veces.


Evolución de la deuda soberana que se dispara con la crisis financiera de 2007
Yo no me trago la deuda. Después de este entrante el plato fuerte. Un gobierno así no merece que nos gobierne ni represente ni nada de nada y que además no nos venga con el cuento que Rajoy es el que manda y que el país mantiene su soberanía, una mierda (quizás estoy más enfadado de la cuenta, continúo). Cuando se empezó a hablar de la dichosa deuda se hablaba de la deuda soberana, es decir de deuda pública, luego apareció la dichosa prima de riesgo de la que nadie había oído hablar. Alguien, así por lo bajini, dijo que no toda la deuda era pública que había también deuda privada, pero lo dijo muy bajito y los medios de comunicación, al servicio de sus amos, lo pasaron por alto. La cosa se fue encabritando y cada vez se pagaba un tipo de interés más alto por los bonos que emitía el Estado español. Los especuladores ya habían calentado el mercado y se iniciaba el desplume del pardillo estatal que le caían tipos de interés del 6 o 7% que por el volumen que tomaba la deuda se llevaba una buena parte de los ingresos del presupuesto nacional. ¿Cómo calientan el mercado los de la limusina? Pues, especulando con la imposibilidad del pago de la deuda a la que acumulan la privada en un mercado secundario que en otra ocasión hablaré para no perder el hilo de lo importante. Me preguntaba, en referencia de la seguridad jurídica, como demonios se lo iban a montar para endosar a la deuda pública la astronómica deuda privada que en su montante asciende a 1,8 billones de euros de la que 0,8 es pública, de la que adjunto dejo un cuadro de su evolución que se comprueba la incidencia que ha tenido desde la crisis financiera iniciada en el año 2007, el resto, un billón es privada. La deuda privada, la de los bancos, tiene una documentación, las cédulas hipotecarias y la pública los bonos del Estado. La pregunta tenía su intríngulis ¿Cómo demonios iban a sortear la seguridad jurídica de para meter en un mismo saco peras y manzanas? Me explico a continuación.
Yo no me trago la deuda. Se las saben todas, meter en un mismo saco peras y manzanas y decir que todo son peras, no cuela, mejor olvidarse de las peras y las manzanas y tomar las de Villadiego por vericuetos donde se pueda vestir el muñeco. La troica, por sus andurriales impone la hoja de ruta en el Memorándum de Entendimiento (manda huevos que nombres se les ocurren) donde asigna las condiciones para aportar los 100.000 millones de euros para la recapitalización de la banca. El gobierno debe de constituir la Compañía de Gestión de Activos (AMC por sus siglas en inglés), vamos, el banco malo. Estos cabrones tienen su argumentario, se trata de “restaurar y fortalecer la solidez de los bancos españoles” sin distinción, buenos, malos viables e inviables, todos a una como en Fuenteovejuna y en el mismo rollo enfatizan que se trata de “minimizar el coste de los contribuyentes en la restructuración” ¡Serán cabrones! Se burlan de toda una nación, ¿minimizar qué? Cuando se trata de endosarnos una deuda que en la situación que está el país lo hunde. ¿Qué demonios es el banco malo?: Atención a ésta respuesta. El banco malo es el procedimiento legal, que han encontrado como Jordán purificador, para convertir la deuda privada en pública. Meten en un mismo saco los activos tóxicos e inmobiliarios de todos los bancos a mogollón para que en un todo revuelto se pierda el rastro de a rio revuelto ganancia de pescadores. Sigamos con la maliciosa hoja de ruta, y con los 100.000 millones adjudicados como deuda pública, es decir que se acumula a la deuda soberana. Entonces, se les regala a los bancos como preludio de la obligatoriedad de la constitución del banco malo y el pago de los vencimientos inmediatos que la banca extranjera tiene en sus manos. En noviembre, cuando esté constituido el banco malo ya no habrá problemas con los siguientes vencimientos ya que los bancos arruinados se habrán saneado, con el Jordán purificador, al sacar fuera de su balance contable el inmobiliario que los lastra. Muy bonito, pero que muy bonito, el populacho se hace cargo de la astracanada de los bancos.

Yo no me trago la deuda. La alquimia de endosarle la deuda a otro e irse de rositas con la bendición de la troica y la aprobación del gobierno, es simple y llanamente una chaladura. La clave de ésta macro estafa está en el precio que se le asigne a los inmuebles traspasados, establezcamos dos situaciones a) que se transfieran a precios de mercado, cuando resulta que no hay mercado ya que está muerto, la única referencia que hay son ofertas de inversores, nacionales y extranjeros, que exigen rebajas en el precio del 60%. Si fuera así, aunque los bancos tengan provisionado en 20% les faltaría todavía un 40% que los quiebra, no será así. Vamos por la b) que se transfieran a “precio razonable de mercado a largo plazo” según se puede extraer del Memorándum de Entendimiento, es decir a un precio gaseoso sostenido por la espuma del champán que se van a tomar a nuestra costa: un precio fuera de mercado. Entonces la pérdida se la va a llevar el banco malo, que no solamente es malo sino que además es tonto. El término tonto bascula: o se lo lleva el banco o nos lo llevamos nosotros. Aquí hay donde elegir. Voy hacer unos números patateros para aproximarme al “precio razonable de mercado a largo plazo”, en un entorno de recesión los precios no llevan una tendencia de subir sino todo lo contrario. Adquirir ahora a un precio esperado a largo plazo (ellos mismos calculan que serán necesarios 10 años para poder deshacerse de la patata caliente) habrá de tener en cuenta los siguientes gastos: 1) IVA e inscripción en el Registro de la Propiedad 8%, 2) intereses anuales al 4% total 40%, gastos de la comunidad de vecinos, derramas e impuestos municipales 1,5% total 15%Un 60% más del precio chungo que se transfiere ¿encontrará comprador dentro de 10 años en un ambiente de recesión económica? ¿Hay alguien que se lo cree? El diferencial entre el precio real que se pueda vender y el precio chungo ira a las espaldas del banco tonto y además se tendrá que añadir un 60% por gastos. Hay tambien la posibilidad de ingresos como el alquiler, de esto hablaremos en otro momento. Realmente, tú ¿Estás dispuesto a pagar esa deuda? Conmigo que no cuenten.

“No pagamos la deuda y aquí estamos” 

Hace unos días Mitoa Edjang me invitó a participar en su programa de radio El Vortice – Unión Madrid estuvimos hablando, más de una hora, en compañía de José Luis Tejero http://www.ivoox.com/ataque-al-poder-lo-debes-saber-de-audios-mp3_rf_1383235_1.html sobre la situación en que se encuentra el país. Contestaba a sus preguntas lo mejor que sabía y al final de la entrevista salió el tema de la deuda: manifesté mi opinión de no pagar una deuda que no nos corresponde. Al parecer, para algunos, que respeto su opinión, dejaron comentarios de este estilo: “Me decepciona mucho haber escuchado atentamente a esta persona (José Manuel Novoa) en este programa de radio para que al final me salga por peteneras con lo de “no vamos a pagar la deuda”. Por otra parte, en el Facebook de Democracia Real Ya (DRY) recogían la negación al pago entrecomillando así: “No pagamos la deuda y aquí estamos” que parece más desafiante. Entre las peteneras y aquí estamoshay un abismo. Creo que los que se acomodan a pagar la deuda les preocupa que pasara el día después de dejar plantados a los acreedores y para prevenir situaciones embarazosas es mejor evitarlas aunque represente dar un paso hacia atrás. En esta dicotomía, aceptar o negar el pago de la deuda, se hace necesario calibrar ventajas e inconvenientes. Tenemos un espejo donde mirar: Irlanda. El problema irlandés, por volumen, no es comparable con el español pero la medicina aplicada es la misma. Al gobierno irlandés la troica le extendió la receta de constituir un banco malo en 2009 la Agencia Nacional de Gestión de Activos, con el mismo cometido de su primo hermano español la Compañía de Gestión de Activos y el mismo rollo que todo lo hacen por nuestro bien y que hay que poner dinero público. ¿Qué ha pasado en Irlanda en estos años funcionado el banco malo? Pues que la cosa ha ido a peor: Irlanda ha quebrado y los bancos también, dicho de otra manera: la insolvencia bancaria ha acabado quebrando al Estado. La receta que se aplica es una receta equivocada sólo pretende que los acreedores puedan cobrar la deuda utilizando todas las artimañas posibles al camuflar un diagnóstico de insolvencia por otro, sacado de la manga, al exhibir que se trata de una momentánea falta de liquidez. Más claro, camuflan una quiebra, ya que el cobro de la deuda les resultaría incierto, y lo presentan como una falta de liquidez que, con camuflaje de legalidad, lo resuelven con un intercambio de cromos. “Yo me voy con el dinerito y tú Estado te quedas con los tochos”. Cojonudo, si lo aceptamos somos idiotas.

Sin tener a mano una de estas bolas de cristal que predicen el futuro me arriesgo a hacer un pronóstico y de paso trato de dar contestación a los más reacios a dejar de pagar la deuda. ¿Qué pasará el día que el pueblo español salga a la calle o marche hacia el Congreso de los Diputados con un solo lema “Yo no me trago la deuda”? Hago una pausa de unos segundos para que cada uno de los lectores que han llegado a este punto de la narración dé una contestación. Prosigo, la mía no es otra que será noticia de portada a nivel mundial, podrán decir que llega la verdadera spanish revolution. Titulares de este estilo: Los españoles rechazan masivamente el banco malo. ¿Qué no nos podremos financiar en un futuro inmediato? Puede ser o más bien vamos de sobrados no atendiendo los intereses de la deuda y los vencimientos que continuamente nos caen. Una buena parte de las emisiones de deuda sirve para refinanciar la que vence, es decir un crédito para pagar otro crédito. “Yo no me trago la deuda” ¿Es la excusa del mal pagador o la razón del que se niega a pagar lo que no le corresponde? No hay duda que la sociedad civil europea estará con nosotros estará con la razón apabullante de que existe un límite en la socialización de las perdidas, incluso la mafia tiene una máxima “cliente muerto no paga”. La troica va más allá, “antes quebrará el país que los bancos”. Imposible darles este gustazo sin oponer toda la resistencia posible.

Ahora, una vez aportado unos cuantos argumentos para eludir la plaga que nos viene encima me voy a referir al entrecomillado que DRY rescató de la entrevista en El Vortice: “No pagamos la deuda y aquí estamos”, lo podemos decir con la cara muy alta, “aquí estamos”, nosotros, los españoles pagaremos hasta el último céntimo lo que nos corresponda como nación, y visto lo visto tendrá que ser después de una auditoria que elimine la deuda odiosa. Dejo el asunto de la deuda odiosa para otro post, aquí sólo un par de líneas extraídas de Wikipedia Deuda odiosadeuda execrable o deuda ilegítima, en Derecho internacional, es la teoría jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente”.Anticipo que es deuda odiosa el déficit de la tarifa eléctrica que asciende a 24.000 millones de euros cargados a la deuda pública por los próceres de la nación. Estoy a la espera que el gobierno mueva ficha con la reforma eléctrica para publicar una sorprendente investigación que pone en evidencia que nos han estafado. Vuelvo, al “aquí estamos” ¿Qué pasará con los tenedores de bonos del Estado español cuando surjan nubes de tormenta y el personal se rebote en no pagar la deuda? La lógica se impone. Se sacaran de encima los bonos con pérdidas, cada día que pase, si la oposición al pago es firme, les obligará a los bancos acreedores a buscar alternativas, que las hay. La más razonable es cambiar las cédulas hipotecarias por acciones de los bancos deudores. El Deutsche Bank, por ejemplo, podía ser el máximo accionista de Caixabank, o el BNP Paribas del Banco Popular y tener asiento en el consejo de administración con la presidencia inclusive. ¿Nos importa, a los españoles, que los bancos patrios hablen en su consejo alemán o francés?

Para acabar unas píldoras que ponen de manifiesto como la troica, los de la limusina y el gobierno le dan vueltas y vueltas al asunto para salirse con la suya sin que se note demasiado. El artefacto del banco malo ¿Qué será? Un fondo de inversión, no. Nadie en su sano juicio invertirá en un fracaso cantado para dentro de 10 años. Un banco, ni hablar. Si tuviera la ficha y la estructura de un banco se podría financiar con el Banco Central Europeo y estaría obligado a los requisitos de capital de las entidades financieras posibilidad de la que huyen como de la peste.Entonces, la Compañía de Gestión de Activos, será eso, una gestoría donde se entierren los tochos y acumule pérdidas con cargo al populacho. Un detalle importante, si va a gestionar el ladrillo fallido de la banca ¿No tendría que llamarse Compañía de Gestión de Activos Inmobiliarios? Apuesto cien a uno que estos cabrones no sólo nos endosan los tochos sino que también tienen previsto endosarnos, camufladamente, los créditos morosos que el amiguismo ha dejado de pagar y además, lo que llaman “Reclasificación de créditos”, que no es otra cosa que créditos fallidos de las grandes empresas (varias empresas que cotizan en el IBEX-35 tiene una deuda superior de lo que valen en Bolsa, increíble pero cierto) hasta eso estos malandrines son capaces de endosarnos. ¿Se pueden hacer estas astracanadas cuando no hay dinero para sanidad, farmacia, educación, servicios sociales y una larga lista?  Me queda todavía algo que decir (sé que es más largo de la cuenta pero el asunto es de perentoria necesidad y no vendrá de unos párrafos de más) creo que es importante y jurídicamente delictivo. Espero que algún movimiento, plataforma, asociación o cualquiera lo presente en los Tribunales, son aquellos asuntos que los fiscales se quedan atrapados a pesar que su superior jerárquico ponga mala cara y pretenda enterrar el asunto. Voy al grano, del Memorándum de Entendimiento se puede extraer que el inmobiliario que se transfiera al banco malo será a un “precio razonable de mercado a largo plazo” ¿No estará el presidente del gobierno Mariano Rajoy cometiendo el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas?           
Esperaba publicar este artículo una vez que el Consejo de Ministros diera luz verde a la reforma financiera prevista para el 24 de Agosto: la ha aplazado al 31. No espero más y lo publico, no sin antes est ruego. Es del todo necesario, parar los pies al gobierno, a los diputados que lo consientan, a las arpías que pudiendo decir no dicen nada y a todos aquellos que les importa un carajo que el país se vaya hacer puñetas ya que de ello sacaran su rédito. A esta jauría se les tiene que parar los pies en el mismo momento que se produce la agresión, después será demasiado tarde. Quisiera traer a colación la idea de defensa del mariscal Rommel, se empeñó en la construcción del Muro Atlántico, una fortificación que recorría la costa francesa a la espera de contener la invasión de las fuerzas aliadas. Rommel, insistía que si al enemigo no se le paraba en las playas en el momento del desembarco, el momento más vulnerable, ya no se le podría contener al dispersarse en un frente amplio. Esta es la idea que quisiera transmitir, es necesario poner toda la carne en el asador en esta marcha proyectada para el 25 de septiembre que a continuación dejo al pie de este artículo el Manifiesto que he recibido por e-mail. En mi opinión, y teniendo en cuenta la razón que nos acompaña y lo que representa para el país y sus moradores no es propio que el Manifiesto vaya huérfano de adhesiones. Para subsanar esta carencia propongo que sean cientos, quizás miles, conforme pase de mano en mano los suscriptores del mismo. Dejo mi nombre al pie del Manifiesto, espero que tú también lo hagas.

Conste que viene sin origen declarado, nadie convoca.
¡Atención! esta puede ser la próxima y definitiva movilización ciudadana a partir de la cual se inicie el proceso de cambio en el que se deje atrás el régimen vigente y se sienten las bases para una verdadera democracia. La acción es clara y contundente: El próximo 25 de septiembre se llegará a Madrid de forma masiva desde todas partes de España, con el fin de rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución, esta vez sí, la de un estado democrático. Toda la ciudadanía está invitada a participar, ya sea a modo individual o a través de asambleas, plataformas ciudadanas, etc. El cambio es necesario y va a ser liderado por el pueblo.


Propuesta razonable para un PROCESO CONSTITUYENTE

Grupo de facebook Nueva Constitución Española 

El objetivo de este grupo es redactar una nueva Constitución Española que represente y devuelva la soberanía al pueblo español, que recupere los principios de igualdad y de justicia y que se proteja ante la avaricia y la posible corrupción de los futuros gobernantes del Estado español.

Documento colaborativo con la Nueva Constitución Española aquí:
https://docs.google.com/document/d/1vUEM9rsOtO9YIXLdn_kR6QryUME3Oa3aSnCnLoHgkLg/edit

Documento con una propuesta razonable de Proceso Constituyente aquí:
https://docs.google.com/document/d/1THmiU-tNxG6ZpN7w24sFS-6SKoHIiIQnOnqAq-hdQRQ/edit

Este último se muestra a continuación.


TRANSICIÓN 

La implantación de un sistema de democracia directa en un país organizado con un régimen democrático representativo requeriría un período de reformas por etapas. Si bien la Transición Española (1975-1978) de un régimen dictatorial a uno democrático se realizó en algo más de tres años, las similitudes entre un régimen democrático representativo y uno directo requerirían un período de tiempo más corto para completar su transición y cambios menos sustanciales.


1ª Etapa: Preconstitucional

Marcaría el inicio de la transición con la habilitación de una Red Social (un sitio web que nacería del nuevo pacto ciudadano) para que los ciudadanos voten.

Una opción a valorar sería la de un trasvase progresivo de poder de los gobernantes a los ciudadanos, una etapa intermedia de democracia deliberativa o semi-directa, como la existente en Suiza, en la que los gobernantes se dedicaran a asegurar la correcta transición de un sistema a otro. Esta etapa aparecería marcada por la creación de herramientas garantes de un sistema más democrático, como el establecimiento del referéndum como medio de control de la acción del gobierno por parte de la oposición (los resultados de los referéndums convocados por la oposición necesitarían alcanzar mayoría absoluta para ser vinculantes, de otro modo serían preceptivos no vinculantes). La labor de los gobernantes, al actuar como garantes de la transición, se concretaría en la transformación del sistema actual para que su concordancia con el sistema de democracia directa fuera completa; preparando la supresión de todo aquello que resulte innecesario para el nuevo sistema y facilitando la creación de lo que éste último necesite. En ese aspecto los representantes cumplirían un papel parecido al de las Cortes franquistas durante la Transición, llevando a cabo su propia supresión. 


2ª Etapa: Constitucional (Elaboración)

Este modelo nacería con la elaboración de una Constitución ciudadana pura, esencial y flexible (parecida en su brevedad a la Constitución de los EEUU), en la que se recogieran únicamente los principios, derechos y normas fundamentales para el Estado. Estos preceptos serían propuestos, elaborados, sometidos a reescritura y refrendados por los ciudadanos en votaciones artículo por artículo y el conjunto del texto sería sometido también a un referéndum final. El mecanismo para llevar a cabo todas las propuestas, redacciones y votaciones sería el de la Red Social para que la ciudadanía ejerciera el derecho a hacer oír su voz en el sufragio.
Completado este proceso se iniciará el de elaboración, mejora y aprobación del resto de normas del Ordenamiento Jurídico una por una (las actuales seguirían vigentes hasta que las nuevas leyes las anulasen, de acuerdo con el principio de lex posterior: jerarquía, la ley posterior en el tiempo deroga, tácita o expresamente, a la ley anterior del mismo rango), sometiendo a votación todas aquellas que atañen a la ciudadanía por razón de interés legítimo, así como decisiones políticas y cuestiones de Estado que afecten a los ciudadanos de forma directa: decisiones como declarar o participar en una guerra o no, destinar parte del dinero recaudado con los impuestos a la consecución de un objetivo u otro… Los ciudadanos no tendrían voto en cuestiones de regulación interna y gestión de la Administración de sus propios recursos, pero sí tendrían voz y sus propuestas contribuirán a la elaboración de las disposiciones generales de la Administración. Ésta encontrará sus potestades regladas y discrecionales precisadas por la voluntad popular.

La repercusión de este modelo sería mayor que la obtenida con las políticas de Open Government iniciadas por el gobierno de Barack Obama en EEUU (que reforzaron el carácter de las administraciones como ejecutoras de la voluntad popular. El nuevo sistema suprimiría la partidocracia y a la clase política, sustituyéndola por funcionarios que trabajarían en labores técnicas y de gestión, llevando a cabo la voluntad ciudadana), provocando cambios en todas las estructuras del sistema que serán sometidas a perfeccionamiento y votación en dicha Red Social oficial del Estado.

Los ciudadanos se involucrarían social y políticamente con mayor intensidad, votando y siendo votadas sus propuestas y sometidas a debate; ostentarían el poder para decidir y éste se manifestaría puntualmente. Así, el sistema de representación quedaría obsoleto y
superado por la sociedad. 


3ª Etapa: Institucional 

Como consecuencia de la nueva Constitución se redibujaría el sistema anterior para adaptarlo a las necesidades del emergente; es una actualización que suprimiría y transformaría. La Administración garantizaría el correcto funcionamiento, transparencia y seguridad de la red social creada para que los ciudadanos ejerzan su derecho de sufragio. Se crearían los órganos necesarios para que el sistema pudiera mantenerse y desarrollarse correctamente. 


DEMOCRACIA REFORZADA: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Ciudadanía: voz y voto

En la Historia de la Democracia Moderna se ha identificado la opinión del ciudadano con su voto, de ahí el auge del sistema representativo; los representantes aparecen como solución a la falta de medios para que todos los ciudadanos expresen sus opiniones y sean escuchados para concretar planes de gestión. Estos representantes son ciudadanos que se ofrecen como parte pasiva del sufragio con una ideología y un punto de vista que sirve al ciudadano para identificarse más o menos y decantarse a la hora de votar.
Hoy, Internet ofrece al ciudadano el medio para manifestar su punto de vista y argumentarlo, introduciendo su voz en la ecuación política. La ciudadanía, reflexionando y compartiendo ideas, puede llegar a respuestas más eficientes que silenciada y subsumida conforme a opciones políticas-tipo.

Para participar activamente en el avance y perfeccionamiento del sistema se implementaría el voto en la red social como la opción concreta que el ciudadano elige y, junto a ésta, aparecería un espacio donde poder ejercer el “derecho a voz”, argumentando la opción elegida y transformando el voto en la explicación exacta, ampliada y personal del punto de vista del ciudadano. Este derecho sería ejercido también al proponer, debatir y mejorar cualquier propuesta que se plantee. La voz queda definida como el derecho a la libertad de expresión aplicado al proceso electoral, da la posibilidad de evolucionar constantemente sin atarse a cuestiones aparte de las que se planteen en ese momento; su dinamismo y pragmatismo le confieren una utilidad que deja obsoleto el modelo de “paquete ideológico” del sistema de partidos, convirtiéndose en la esencia de la legitimidad del Ordenamiento Jurídico.
El ciudadano se convierte en sujeto activo y pasivo del sufragio al mismo tiempo como resultado de poder manifestar su propio punto de vista sobre cualquier cuestión y éste ser considerado y sometido al juicio del resto de ciudadanos. Este hecho terminaría con la necesidad de acogerse a posturas que denotan rigidez ideológica; que la ciudadanía pueda expresar así su voluntad resuelve la necesidad de intermediarios (representantes políticos), pudiendo expresarla directamente de forma más sencilla y eficiente.

La División de Poderes quedaría configurada de esta forma:

El Poder Legislativo sería ejercido directamente por los ciudadanos. La ciudadanía ostentaría la soberanía y la ejercería como legisladora primaria y original.

El Poder Ejecutivo sería ejercido por una Administración limitada a llevar a cabo la voluntad ciudadana expresada mediante sufragios. Su carácter sería puramente ejecutivo, quedaría “decapitada” de altos cargos e integrada por un funcionariado de carácter instrumental formado por empleados limitados a cumplir los resultados de las votaciones ciudadanas y por técnicos de reconocida experiencia para desarrollar las potestades administrativas de discrecionalidad técnica.

El Poder Judicial dependería de elecciones populares, no existiría designación de magistrados por el Ejecutivo.


LA RED SOCIAL

La Administración se ocuparía del funcionamiento de la red social, designando a los técnicos más cualificados mediante concurso-oposición (valoración de méritos, experiencia profesional en el sector privado…), que garanticen su correcto funcionamiento y su seguridad, elevando ésta al máximo. La Administración se encargaría de la elaboración y correcciones del censo electoral, una gran base de datos integrada por los censos electorales locales (o por los ciudadanos registrados en la red social, esperando a que cada uno active su perfil), recopilados y publicados para que los ciudadanos puedan verificar las votaciones cuando quieran.

El ciudadano se registraría en la red social introduciendo los datos contenidos en su D.N.I. (en su primer acceso introducirán los datos que aparecen en la parte frontal y también el código de letras y números que aparece en el dorso, asignándose un código PIN o contraseña compuesta por cifras y letras. Podrían utilizarse métodos como el D.N.I. electrónico en su lugar). Así podría acceder a su perfil, disponer de él y participar en la actividad política de forma activa y pasiva mediante votos, propuestas, ser parte en foros de debate y asamblea, etc. Para garantizar la seguridad y la identidad de cada ciudadano, evitando suplantaciones y votaciones alteradas o manipuladas, se enviaría un e-mail a la semana de cada votación recordando la opción votada y ofreciendo un mecanismo mediante el cual poder “denunciar” el voto propio en caso de suplantación o incongruencia. El ciudadano que pierda su D.N.I. o tenga problemas con su código PIN o contraseña avisaría a la propia red social para que anule temporalmente cualquier votación que pueda hacerse a través de su perfil hasta que la situación se resuelva.

La máxima garantía de seguridad del sistema contra posibles ataques de hackers o la manipulación de votos: que el sufragio universal sea público en lugar de secreto. Con la caída de los representantes políticos y el derecho a voz permitiendo motivar el voto a cada ciudadano, el sufragio secreto pierde sentido comparado con un sistema de sufragio público o semi-público (en lugar de publicar el nombre del ciudadano y la opción y motivos de su voto podría publicarse, junto a la opción votada y su motivación, únicamente su N.I.F. o código distinto sólo reconocible por el ciudadano). Es la consecuencia lógica de aplicar el derecho a la libertad de expresión al sufragio; el ciudadano se identificaría plenamente con su voto y supondría la total transparencia del proceso, aumentando la confianza de los ciudadanos en el voto electrónico y pudiendo verificar por sí mismos los resultados y comprobarlos en cualquier momento. Aquellos que detecten alguna incongruencia podrían denunciarla e impugnar la votación, elevando el asunto a la administración de la red social, que abriría una investigación a partir de los datos enviados por quienes la detecten.

Una forma de garantizar un sufragio público sin consecuencias personales o laborales nocivas sería sancionar la discriminación por razón de ideología en la contratación: el empresario no podrá ser parcial en su método de contratación ni basar su elección en criterios arbitrarios. Los criterios de contratación responderán a circunstancias profesionales y no a circunstancias personales. Los criterios objetivos de eficiencia, mérito y capacidad respaldados por el currículum del trabajador serán la base del método de contratación sin que quepa apreciación de indicios de discriminación por motivos de raza, condición sexual, creencia religiosa o ideología y, por tanto, que los votos y motivaciones públicos de los ciudadanos no traigan consecuencias discriminantes que puedan coartar su libertad ideológica ni condicionar su voto.
Otra alternativa para garantizar la seguridad sería recurrir a verificadores de voto: voluntarios cuyo objetivo sería ir al domicilio de cada ciudadano para verificar que el voto del ciudadano ha sido recogido correctamente por la base de datos, que fue el propio ciudadano quien emitió su voto (siendo éste capaz de votar independientemente), ver si el ciudadano comprende cómo funciona el sistema y cómo puede utilizarlo (resolviendo cualquier duda que pueda tener), preguntar si el ciudadano tiene problemas o sugerencias para poder mejorar el sistema. Los verificadores de voto estarían basados en el método que se utiliza hoy en día en EEUU cuando el país promueve realizar consensos o encuestas para determinadas materias.

Los ciudadanos votantes podrían ir a edificios públicos para hacer por sí mismos todo lo anterior, ahorrando la visita del verificador de voto correspondiente.

Si el método de sufragio público no es adoptado desde el principio del funcionamiento de la red social, los verificadores de voto son una buena opción para reforzar la seguridad junto con métodos de voto electrónico por papeleta verificable por el propio ciudadano, pudiendo ser reemplazados cuando se adopte el sufragio público por los e-mails de verificación que señalen al ciudadano la opción que votó, permitiéndole impugnarla.

El ciudadano redactaría una propuesta y la publicaría en la red social; el resto de la ciudadanía podría comentarla. Para que las propuestas se conviertan en asuntos objeto de votación mensual serían elegidas según el respaldo que tengan: el ciudadano podría elegir, de entre todas las propuestas para someter a votación, cinco locales, cinco autonómicas y cinco estatales distintas cada mes para darles su ‘apoyo’: sería como darle un ‘me gusta’ en Facebook, las propuestas que llegaran al mayor número de ‘apoyos’ (necesitarían pasar un determinado número de apoyos para poder convertirse en asuntos objeto de votación, preservando así un orden que se perdería entre miles de propuestas y opiniones de ciudadanos. De esta forma es más fácil utilizar la red social tanto para los ciudadanos como para los técnicos de la Administración encargados del correcto funcionamiento de ésta, nadie se sentiría abrumado) encabezarían la lista de “propuestas más apoyadas”, pasando a ser asuntos y siendo éstos sometidos a votación el día correspondiente.

Los ciudadanos pueden dar su apoyo también a los comentarios que hacen en cada propuesta, ordenados de forma que los comentarios que contaran con más apoyos aparecieran primero. Cuando un ciudadano propone un cambio parcial a una propuesta en los comentarios de la misma y este comentario supera un número concreto de apoyos, los cambios serían introducidos reemplazando aquello que se pretendía cambiar y la propuesta “enmendada” pasaría a ser asunto para votación de esa forma. Los ciudadanos sólo dispondrían de un apoyo que darían o bien a la propuesta original o bien al comentario que quiera enmendarla, la red no les daría opción de apoyar a ambos y tampoco a dos comentarios al mismo tiempo. Mientras todo esto ocurre, el autor de la propuesta y quien comentó sugiriendo cambios debatirían en un hilo de foro adherido a la propuesta sobre sus posturas respecto a ese tema y el resto de ciudadanos verían ambas opiniones confrontadas y razonadas y podrían opinar en el mismo también, sacando conclusiones que podrían llevarles a retirar su apoyo de una de las dos opciones para dárselo a la otra.

El ciudadano no se ganaría un reconocimiento con sus comentarios más allá de los mismos ni de las materias o casos concretos, no habría opción a tener una reputación o una experiencia que diera más peso a sus opiniones por haber acertado o ayudado en temas distintos o anteriores. Los ciudadanos valorarían libremente y caso por caso los comentarios de cada uno; la pericia y la experiencia en cada tema serían demostradas en cada comentario al respecto, no se podrían suponer.

El ciudadano que estuviera o no de acuerdo con una propuesta o sus comentarios, podría darle su apoyo de todas formas para poder expresarse votando a favor o en contra cuando llegue al número de apoyos necesarios para convertirse en asunto para votación.
Cuando una propuesta haya sido debatida, reescrita y perfeccionada por los ciudadanos y tenga toda la información sobre el tema que trata adjunta a ella para que el votante pueda informarse perfectamente, desaparecería como propuesta una vez llegara a tener el número de apoyos necesarios y se convertiría en asunto para votación. Los asuntos no tienen opción de apoyo ni de comentarios, serían sometidos a votación como tales (y en los votos cada ciudadano podrá argumentar su opinión sobre el asunto).

Los asuntos desaparecerían una vez votados, aunque podría crearse otra propuesta sobre ese tema partiendo desde cero apoyos si alguien descontento con la solución dada planteara una reforma. En la reforma habría que indicarse razones por las que es necesaria la reforma, es una gran forma de rectificación social; los ciudadanos creyeron que una decisión que votaron les reportaría cosa distinta de lo que ha ocurrido, los efectos de la medida votada han sido negativos o han surgido efectos imprevistos que hacen necesario el cambio.
Las propuestas que consiguieran el determinado número de apoyos pero no entraran en la lista de votación de ese mes (los cinco asuntos ya habrían sido ocupados por otras propuestas que consiguieron los apoyos suficientes antes) serían incluidas en la lista de votación del mes siguiente.

Las votaciones serían mensuales, decidiendo sobre un máximo de cinco asuntos locales distintos cada uno y de votación y motivación separadas (cada asunto), de especial relevancia para la ciudadanía, siendo el día de la votación el 26 del mes siguiente; otros cinco asuntos de ámbito estatal votándose éstos el día 27 del mes siguiente y otros cinco de ámbito global, votándose el día 28 del mes siguiente. Empezaría a contarse una vez la lista se cerrara (cuando una propuesta se convierta en el quinto asunto), notificándose entonces la lista de votación a los ciudadanos. De esta forma, los ciudadanos tienen un mínimo de cuatro semanas para prepararse a la hora de votar (informarse, debatir, exponer sus opiniones…). Podría implementarse al principio la red social en un solo país o en varios, cambiando los asuntos por local, autonómico y estatal o local, estatal e internacional (o comunitario).

Junto a estas votaciones se producirán, de forma extraordinaria, otras sobre cuestiones de gran importancia para los ciudadanos que hubieran acaecido súbitamente y necesitaran una respuesta rápida: conflictos, guerras, catástrofes, etc. Estas votaciones ocurrirían un día después de aquel en el que la propuesta para solucionar el problema alcanzara un determinado número de apoyos.

Esta nueva forma de votación no significa la eliminación de las urnas, que quedarán abiertas también cada mes en varios edificios públicos para aquellos que quieran ejercer su voto de esa forma.

Para aquellos ciudadanos que no dispongan de ordenador utilizarían aquellos que los edificios públicos destinan a uso público y/o se habilitarían, en esos edificios públicos, plataformas destinadas únicamente al acceso a la red social (funcionarían de forma parecida a los cajeros automáticos: el ciudadano introduciría su D.N.I. y teclearía su código PIN y así accedería a su perfil, realizando las consultas, gestiones, proposiciones, comentarios y votaciones que desee). Se garantiza la seguridad de las máquinas públicas equipándolas con una cámara que fotografiará al ciudadano al introducir su D.N.I. y al extraerlo para evitar suplantaciones (estas fotografías sólo serán utilizadas por la Administración en casos de suplantación alegada por el ciudadano suplantado, habiendo informado de ello a la Administración e iniciado ésta el procedimiento de verificación correspondiente). Estas plataformas podrían situarse por fuera de los edificios públicos para evitar afluencias masivas en el interior de éstos, quedando disponibles las veinticuatro horas. Dentro de los edificios se habilitarían salas para informar y formar a los ciudadanos sobre el sistema y sus procesos.

Se pretende una reforma educativa que introduzca en todos los cursos de educación obligatoria una asignatura que enseñe a los alumnos los derechos, deberes y libertades del ciudadano, así como normas más importantes del Ordenamiento para comprender el funcionamiento del nuevo sistema y aprender a utilizarlo desde el principio.

Las etiquetas servirían para que el ciudadano pudiera encontrar propuestas o asuntos por el motor de búsqueda y evitarían duplicados, advirtiendo al ciudadano cuando redacta una propuesta de las existentes que versan sobre el mismo tema. 

VENTAJAS del sistema: 
el ciudadano decide directamente y la Administración ejecuta lo votado, la División de Poderes queda garantizada y la sociedad da respuesta de forma más efectiva a los problemas, sin intereses ajenos. La clase política quedaría remplazada por funcionarios que se limitarían a ejecutar los resultados de las votaciones. La Administración sería depurada y reestructurada; se suprimiría un gran número de cargos, despojándola de su sobredimensionamiento. El ahorro que supondría esto sería suficiente para habilitar la red social y asegurar su mantenimiento y el correcto funcionamiento del sistema, entre otras cosas. El ciudadano se encuentra en una posición más equilibrada frente a la Administración que en el sistema actual. Supondría un cambio en el proceso administrativo común, aportando agilidad y transparencia a éste y a las votaciones. La Democracia sería reforzada mediante técnicas que permiten acercar los Principios Generales del Derecho a los ideales que los definen; una aproximación más certera que la realizada por las leyes hoy vigentes.

Los DEFECTOS o INCONVENTIENTES de este sistema serán señalados y solucionados por los ciudadanos que quieran hacerlo, mediante propuestas que perfeccionen el contenido de este escrito y mejoren el sistema expuesto.


El sistema democrático actual: lagunas y deterioro

El Constitucionalismo español ha producido, entre normas supremas y proyectos de éstas que no llegaron a ver la luz, más de diez cartas magnas en menos de doscientos años. La última de ellas, la Constitución de 1978, cuenta con un rígido mecanismo de reforma que parece revestirla de un aura de norma definitiva, la más evolucionada posible; una norma que invita a su abolición antes que a su reforma al revelarse incapaz de responder a las necesidades de la sociedad actual.

La idea de referéndum generacional surge porque la Constitución de 1978 no está legitimada por la mayoría de la ciudadanía de la España actual. Los ciudadanos españoles con derecho a voto a día de hoy que votaron (a favor o en contra, o nulo o en blanco, o se abstuvieron pudiendo haber votado) en el referéndum que aprobó la Constitución del 78 son minoría en comparación con los ciudadanos con derecho a voto a día de hoy que no poseían este derecho entonces y que por ello no pudieron votar. Es necesario someter a referéndum la norma suprema del sistema cada vez que esta situación se produzca (cada 25-30 años) para evitar que los ciudadanos se encuentren con la inconstitucionalidad de heredar un sistema impuesto tácitamente. Es contrario a los principios del propio sistema, que será cambiado por una nueva propuesta sometida a sufragio semanas después del referéndum cuyos resultados fueren negativos para la continuidad de la norma suprema imperante, cumpliendo así de forma más precisa con la voluntad popular. Esta posibilidad rápida de cambio es pretendida al comprender que siempre habrá un sistema siguiente, más evolucionado y mejorado que el actual, que evitará ser cerrado para facilitar una transición con el mínimo impacto (traducido en
problemas sociales que emergerían en una transición) posible.

Las constituciones son interpretaciones de los pilares básicos que mueven a un grupo de personas (Principios Generales del Derecho y Derechos Fundamentales en nuestro caso) realizadas por ese grupo de personas en un lugar y momento determinados. Las constituciones cambian, de un lugar a otro (de un país a otro) y de un tiempo a otro; de unas generaciones a las siguientes. Ahora es posible realizar una interpretación de nuestros pilares básicos más cercana a estos ideales, más perfecta que antes. El error forma parte del propio proceso.
Cuando la Administración se ampara en la concepción negativa del principio de legalidad, haciendo pasar por interés público todo aquello que la beneficia a ella en primer lugar (o intereses de partido), demuestra el fracaso de todo lo creado para limitar sus potestades. Se está produciendo una transferencia en los roles desempeñados: hasta ahora el ciudadano podía hacer todo lo que la ley no le prohibía y la Administración sólo podía hacer aquello que la ley preveía o habilitaba expresamente; ahora el principio de legalidad es entendido de forma que el ciudadano tiene que someterse a cauces procedimentales y formalismos concretos y la Administración cuenta con más discreción para ejercer sus potestades o crea leyes ad hoc. 




23 ago. 2012

Thrive: ¿Cuánto Le Costará Al Planeta? - Documental


THRIVE es un documental poco convencional que levanta el velo de lo que realmente está pasando en nuestro mundo, siguiendo el dinero aguas arriba - el descubrimiento de la consolidación global de energía en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Tejiendo juntos avances en la ciencia, la conciencia y el activismo, THRIVE ofrece soluciones reales, nos da el poder con estrategias audaces y sin precedentes para reclamar nuestras vidas y nuestro futuro.

www.thrivemovement.com/

22 ago. 2012

Los daños de salir de la moneda única.


Carmen Alcaide 17 AGO 2012

Recientemente se está polemizando sobre la posibilidad y conveniencia de la salida de España del euro frente a la llamada irreversibilidad del mismo. Este planteamiento se debe en principio a los malos resultados obtenidos hasta ahora con la política de estabilidad aplicada en la Unión Económica y Monetaria (UEM) y a los fuertes ajustes aplicados sobre la economía española como exigencia de su pertenencia a la moneda única.

Existen argumentos a favor y en contra, pero lo primero que hay que aclarar es si esto es legalmente posible y, de serlo, cómo habría que hacerlo. Es a partir del Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007, cuando se plantea por primera vez la posibilidad de la retirada de un país de la UE y/o de la UEM. El objetivo de la UE se estableció como una unión permanente entre los países participantes y encaminada a ser cada vez más estrecha. Las disposiciones sobre el funcionamiento de la UEM están incluidas en el Tratado en el capítulo 4, sin una referencia particular a la posible retirada de un país de la zona del euro.

El Tratado de Lisboa incorpora en su artículo 50 la capacidad de todo Estado miembro de retirarse de la Unión Europea, pero establece un procedimiento claro por el que deberá notificarlo al Consejo Europeo y negociar un acuerdo que establezca la forma de retirada. El procedimiento para alcanzar este acuerdo se establece en el artículo 218 del Tratado. Si no se llega a un acuerdo, un país podrá retirarse unilateralmente después de dos años.

Pero veamos cuáles serían las dificultades e inconvenientes de volver a una moneda propia una vez acordado con la UE. Las primeras dificultades son de tipo práctico: la emisión de monedas y billetes para sustituir las actuales del euro. Algunos pregonan que se podría facilitar el proceso sencillamente estampando alguna señal sobre los billetes del euro. ¿Pero qué euros? ¿Los que estén en ese momento en depósito en los bancos, o se recolectarán los que están en manos de los ciudadanos? Seguramente estaríamos abocados a la doble circulación de monedas, con el perjuicio de la aplicación de continuas variaciones en el tipo de cambio. Y los que tienen guardados billetes (de 500 euros), estos seguirían siendo de curso legal en Europa y los podrían utilizar en sus transacciones.Por tanto, sí es posible abandonar el euro, pero saliéndose de la Unión Europea, y no puede hacerse —como algunos promulgan— sin avisar. Sería difícil mantener el secreto de unas negociaciones de esta magnitud con el Consejo Europeo y que los ciudadanos no nos enterásemos. Y más difícil e inconveniente —y probablemente indefendible en los tribunales— sería romper unilateralmente las relaciones con la Unión Europea. Dado que no se podría hacer por sorpresa, sería difícil evitar la posible huida masiva de capitales del país.

Otras dificultades prácticas son los cambios legales y contables. La modificación de las contabilidades, renombramientos de depósitos y productos financieros en la nueva moneda, sistemas informáticos, cambios de cajeros y máquinas expendedoras, etcétera. Probablemente esto daría más trabajo a informáticos y contables, pero no sería una verdadera actividad productiva para el país y sí tendría un coste elevado para las empresas y las Administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que los preparativos del cambio de la peseta al euro se hicieron durante tres años, y esto ahora sería un plazo inadmisible.
¿Y qué pasaría con los precios y los salarios? ¿Se reducirían en la misma proporción? Porque los que abogan por las ventajas de las devaluaciones y añoran la medida de épocas pasadas no tienen en cuenta que entonces una devaluación significaba un empobrecimiento general frente al exterior, pero los ciudadanos no lo notaban porque los precios y salarios no se modificaban. Ahora no sería lo mismo: el cambio a la nueva moneda haría cambiar los precios de los artículos. ¿Qué harían los comerciantes? ¿Aplicar a los precios ese alza del 30% o 50% con la nueva moneda o resignarse a cobrar el mismo precio que antes? En mi opinión, los efectos sobre los precios y los salarios son imprevisibles.Pero cuidado: la mayor ventaja que ven quienes preconizan la salida del euro es la devaluación de la nueva moneda, que algunos estiman entre el 30% y el 50%. Pero esto significa que todos los activos se depreciarían en ese porcentaje. Lo importante no es ya que los activos inmobiliarios (inmuebles, casas y fincas) bajen su valor, aunque también, sino que todos los ahorros y activos financieros de los españoles (en depósitos, acciones, planes de pensiones, etcétera) pasen a valer la mitad en la nueva moneda.

En cuanto al comercio exterior, es de sobra conocido que España es deficitaria en su saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente. Pues bien, los efectos de una nueva moneda devaluada haría que recibiésemos más dinero de las exportaciones que se negociasen en la nueva moneda, pero no si se negocian en euros, y, por el contrario, pagaríamos más unidades de la nueva moneda por nuestra factura petrolífera ya fuese en euros o en dólares que es como se seguiría negociando. Difícilmente la salida del euro aliviaría nuestro déficit comercial, aunque sí podría mejorar los ingresos por turismo dependiendo de la fijación de precios en la nueva moneda. En cuanto a la balanza de capitales, aparte de la posible retirada de lo que quede para entonces, la deuda exterior de las empresas se vería aumentada en su valor en la nueva moneda en la misma proporción que se devalúe frente al euro. Los tipos de interés afectarían a los préstamos e hipotecas.

Sería difícil reconducir el déficit público con una ruptura del euro. También tendría efectos sobre el déficit y la deuda pública. La deuda pública está valorada en euros y, por tanto, sufriría las consecuencias de la devaluación en la nueva moneda. El Estado español podría negociar algún tipo de quita en el pago de la misma, pero la desconfianza elevaría los tipos de interés para cualquier refinanciación exterior.

Pero lo peor de todo es que España no resolvería los graves problemas de su economía. Ni habría más financiación, ni se resolvería el problema de endeudamiento exterior ni de déficit exterior. Sería difícil reconducir el déficit público y habríamos perdido la poca credibilidad que queda para los inversores extranjeros, aunque puede que sí acudiesen algunos al olor de las gangas de un país en ruinas. En estas condiciones es difícil predecir —como algunos parecen creer— que la salida del euro nos llevaría a un mayor crecimiento de la actividad y del empleo.


Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE)

21 ago. 2012

La contrarreforma de la constitución o el fin de las reglas del juego

En los próximos días se cumplirá un año del anuncio por el entonces presidente del gobierno, de la reforma constitucional posteriormente pactada entre el PP y el PSOE. Una reforma exprés que tumbaba la definición misma del Estado recogida en la Carta Magna. Aquel acuerdo del bipartito, digámoslo claramente, rompió las reglas del juego. Establecer la prioridad del pago de la deuda frente a la cobertura de las necesidades de la sociedad en su conjunto, hizo saltar por los aires las bases de la convivencia democrática; el contrato social sobre el que se construyó el edificio político español tras la Transición.

La Constitución española, como todas las constituciones liberales europeas de postguerra, se articulaba en tres pilares fundamentales; el trabajo como base para el acceso a la renta y a los derechos sociales y de ciudadanía, el respeto a la propiedad privada como base de la economía liberal que, sin embargo, no podía (al menos teóricamente) operar contra los intereses generales, y el carácter representativo de la democracia a través de elecciones periódicas. Aquella reforma y las medidas de ajuste que están agravando la crisis en Europa hacen imposible el mantenimiento de estos tres pilares, por más que los poderes establecidos se empeñen en mantener la falacia formalista del modelo.

Hoy la creciente precarización e inseguridad en el mercado laboral, así como los indecentes niveles de paro, dejan fuera del reconocimiento como ciudadanos con derechos a cada vez más personas, por no hablar de la reducción de derechos efectivos de quienes, teniendo empleo, no podrán acceder a los mismos porque sus bajos salarios, en un contexto de desmantelamiento de los servicios públicos, no se lo permitirán.

La acumulación de capital al margen de la economía productiva y los recortes se han convertido en el mayor impedimento al bienestar social que se supone debía salvaguardar la Constitución. Prueba de ello es el escandaloso aumento de las desigualdades entre ricos y pobres que se ejemplifica en que, a la vez que aumenta el consumo de bienes de lujo, cada vez hay más familias que no pueden ofrecer tres comidas diarias a sus hijos.

Salta a la vista de cualquier observador que las decisiones de los gobernantes se alejan de los intereses de las mayorías sociales para someterse a los intereses de “los mercados”, que no son otra cosa que una élite de privilegiados cuya única patria es su dinero.

Por último, que los medios de comunicación quieran vestir de normalidad que al gobierno (formado por hombres de Goldman Sachs y asociados) sólo le preocupe tranquilizar a los mercados, pone al descubierto gravísimos déficits democráticos en lo que se refiere al derecho a recibir una información veraz.

En este panorama, ¿Qué se espera de la ciudadanía? ¿Cómo puede exigirse al pueblo que respete unas instituciones que han dejado de respetarle? ¿Por qué se empeñan los partidos del Régimen en que la ciudadanía siga acatando las normas que ellos mismos han violado y dinamitado?

Como el que ante el dedo que señala la luna se limita a mirar el dedo, los que reclaman respeto a las instituciones para arremeter contra las diversas movilizaciones que se preparan para el otoño, actúan con la misma miopía que aquellos que condenaron la acción del SAT apoyándose en argumentos legalistas. Si unos pocos carros cargados con alimentos de primera necesidad sirvieron para que se discuta de las consecuencias desbastadoras de los programas de ajuste, plantear si fue legal o no sacar los carros del supermercado es una intolerable frivolidad.

Cuando los gobiernos actúan al margen de los principios democráticos, desmantelando el Estado social a golpe de decreto y de espaldas a los intereses del pueblo, pierden legitimidad para pedir respeto institucional y ya sólo les queda gobernar desde la amenaza de la represión. Se trata, en definitiva, de un poder que se impone por la fuerza sin convencer a nadie. Es el momento de recordar a los que repiten sin cesar que las elecciones de noviembre las ganó quien las ganó, que la democracia no se basa exclusivamente en el ejercicio cíclico del voto; el voto no puede ser un cheque en blanco para gobernar contra la sociedad.

Por eso, quienes creemos que la democracia está asociada a la garantía del ejercicio de los derechos sociales y de ciudadanía, debemos estar del lado de la gente cuando pide que se le reconozca el derecho a aspirar a un orden social justo.

el 20 Agosto 2012

Documentación básica Democracia Real Ya!



Manifiesto de la Asociación DRY.


Estatutos. (v.2.)
http://www.democraciarealya.org/?page_id=162

Declaración de principios.
http://www.democraciarealya.org/?page_id=213



Objetivos (PUNTOS PROGRAMÁTICOS)
Ley Orgánica de Asociaciones de marzo de 2002.
http://es.scribd.com/DEMOCRACIArealYA/d/94284779-EQUIPO-JURIDICO-DRY-Ley-Organica-de-Asociaciones-del-22-de-marzo-de-2002

Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones (Real Decreto 1497/2003 de 28 de noviembre).

Grupos de trabajo Democracia Real Ya!

https://www.facebook.com/groups/DRYAsambleaGeneral/permalink/439608429396978/
del 26 de Julio de 2012 



1) Organización y afiliación de miembros.
https://www.facebook.com/groups/DRYOrganizacion/

2) Relaciones externas con otros colectivos y entidades. Adhesión de otros grupos. https://www.facebook.com/groups/AdhesionesDRY/

3) Comunicación y Difusión. Prensa y medios. Grafismo y audiovisuales. Portavocía. https://www.facebook.com/groups/DRYComunicacion/

3.1.) Subgrupo de Difusión y CM.

3.2.) Taller de portavocía, dialéctica y pensamiento crítico.
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3.4.) Publicaciones y revista de la Asociación.
https://www.facebook.com/groups/DRYPublicaciones/

3.5.) Grafismo y Audiovisuales.
https://www.facebook.com/groups/DRYGrafismo/

4) Desarrollo de contenidos, material divulgativo y campañas específicas: sanidad, educación, etc. https://www.facebook.com/groups/MaterialDRY/

5) Equipo I+D+i: Economía, ingeniería y ciencias (incluye ecología, temas energéticos, etc.) https://www.facebook.com/groups/DRYCientificotecnico/

6) Financiación y Crowfunding.
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7 ) Internacional (relación y comunicación con grupos fuera del país). https://www.facebook.com/groups/DRYInternacional/

7.1.) Proyecto “Nova nations” (transhumanismo, RBE, etc.)
https://www.facebook.com/groups/JuridicoDRY/

9) Desarrollo y mantenimiento informático.
https://www.facebook.com/groups/360739510631391/

10) Apoyo a la toma de decisiones estratégicas. Documentación y búsqueda de información.
https://www.facebook.com/groups/DocumentacionDRY/

10.1.) Desarrollo estratégico de un nuevo modelo político y proceso constituyente.
https://www.facebook.com/groups/DRYPlanEstrategico/

10.2.) “Iberismo” y simbología del movimiento.